“Llevamos dos años funcionando sin presupuesto”

Fabricio Imparado, Procurador de las Personas Privadas de Libertad, dialogó con ZEPA sobre la tarea de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CPPT).

Foto: Gentileza CPPT
Foto: gentileza CPPT

La ley provincial 8.284, publicada en el Boletín Oficial el 16 de Mayo de 2011, establece en su artículo 1° la creación de la CPPT. Esta Comisión es el órgano de aplicación en Mendoza del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobado por la Ley Nacional 25.932.

Su responsable, el abogado Fabricio Imparado, nos hace un balance de lo realizado, destaca cuáles son los problemas que detectaron y cuenta las iniciativas que por estos días llevan adelante.

ZEPA: ¿Cuál es la situación carcelaria de la provincia?

Imparado: Creo que a estas alturas nadie puede negar el conocimiento sobre el estado calamitoso de las cárceles, la situación de hacinamiento y la vulneración de derechos que se producen hacia el interior de los muros. Innumerables artículos periodísticos hablan del tema, Mendoza ya ha sido y nuevamente se encuentra en la mira del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (DD.HH.), la violencia intramuros es inadmisible y todo parece ir en aumento.

Z: ¿Qué problemas han detectado desde la Comisión en estas instituciones?

I: Depende de la institución. Por ejemplo: En el Servicio Penitenciario son comunes los malos tratos, violencia extrema, la casi inexistencia de instancias de integración social, la falta de adecuada atención médica, falta de recursos, capacitación del personal y el hacinamiento. En la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (Ex Cose) y espacios de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), la falta de capacitación del personal, los criterios de privación de libertad, la insuficiencia de alternativas a la internación, entre otros. Respecto a los hogares de adultos mayores, la desconexión entre los municipios y las autoridades para la habilitación de los locales privados, entre otros. Respecto a las instituciones psiquiátricas, la inadecuación a la ley de Salud Mental 26.657. Esto es un paneo general, que tiene muchas aristas y detalles que merecen tratamiento específico y separado. En relación con la Policía, nos preocupan las aprehensiones en la vía pública por averiguación de antecedentes, y los casos de violencia que también son notorios.

Presentación del informe Anual 2015 de la CPPT, a la derecha de la imagen el Procurador, Fabricio Imparado.

Z: ¿En qué acciones trabajan actualmente? 

I: Son muchas, por ejemplo sobre el seguimiento de una recomendación que remitimos al Servicio Penitenciario y al Ministerio de Seguridad a mitad de enero, vinculada a la situación de hacinamiento y violencia en el penal de San Felipe. En ese trabajo propusimos una serie de medidas destinadas a mejorar las condiciones de detención, disminuir los conflictos y aprovechar el tiempo de prisión preventiva, permitiendo a los presos avanzar en el régimen progresivo. Por otro lado estamos terminando un proyecto de modificación de la ley orgánica de la policía (Ley 6722) para racionalizar las aprehensiones, un protocolo para casos de fallecimientos en instituciones de salud mental, una recomendación para la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, entre otras.

«…no se desarrollan políticas públicas específicas ni se reconocen los problemas estructurales que contaminan las instituciones involucradas. Es una falla histórica pero que esperamos encarar desde nuestra postura y pretendemos ser escuchados por el nuevo gobierno en nuestros planteos, recomendaciones y denuncias…»

Z: ¿Con qué recursos cuenta la Comisión?     

I: Llevamos dos años funcionando sin presupuesto y los recursos con que contamos son mínimos. La principal colaboración es de los miembros del Comité Local Para la Prevención de la Tortura, que son representantes de los organismos de DDHH que con mucho esfuerzo y dedicación, ad honorem, han posibilitado la realización de gran parte de la tarea. Una gran mejora la tuvimos en diciembre del año pasado, cuando recibimos una oficina en casa de gobierno. Teniendo en cuenta los objetivos que nos hemos planteado en el corto plazo y las funciones que por ley nos corresponden, el contar con un presupuesto propio es algo que nos urge.

Z: ¿Cuáles son los avances que destacaría?

I: Todos los avances, aunque no hayan sido muchos, son importantes. El mayor logro es haber podido “abrir” las rejas y poder mirar estos espacios casi sin trabas de ninguna índole. Y eso es un avance importante que pretendemos profundizar con la nueva gestión. Ahora resta lo difícil, que es generar cambios a partir de lo observado, lo visibilizado, que antes estaba absolutamente oculto a la vista de la sociedad. Si bien se siguen agitando voces que claman sólo por más cárceles y peores condiciones para los detenidos, una gran parte de la sociedad ha entendido que es un tema que afecta y preocupa a todos ya que en la situación actual es imposible que una persona logre la famosa “reintegración social”, sino todo lo contrario. Además de ello, creo que se ha logrado ver a este problema desde una complejidad mayor; es decir, las cárceles no son sólo un problema del Servicio Penitenciario, sino que deben involucrarse más actores públicos, e incluso privados. En este sentido también se ha trabajado en la aplicación del protocolo a nivel nacional.

Foto: gentileza CPPT

Z: Esos cambios, esa modificación de la situación actual y la búsqueda de una solución a la conflictividad ¿es realmente posible?

I: Estamos convencidos de que sí. de lo contrario, no estaríamos en el tema. Ocurre que el problema de las cárceles, y no sólo eso sino también el de las instituciones psiquiátricas, hogares de adultos mayores, instituciones de niños, niñas y adolescentes, etc. (que también son competencia de la CPPT), no son abordados en forma orgánica, no se desarrollan políticas públicas específicas ni se reconocen los problemas estructurales que contaminan las instituciones involucradas. Es una falla histórica pero que esperamos encarar desde nuestra postura y pretendemos ser escuchados por el nuevo gobierno en nuestros planteos, recomendaciones y denuncias. Por ejemplo, la necesidad de actuar involucrando otros ministerios (además del de Seguridad) y otros poderes del estado para encarar la situación carcelaria, se nos presenta ya no como una posibilidad, sino como una necesidad extrema.

Z: ¿Qué piensan hacer para lograr esos objetivos?

I: Seguir trabajando conforme nuestro mandato que es el de prevención, contribución en la elaboración de políticas públicas, diálogo cooperativo con las autoridades y fomento de la erradicación de prácticas que tornan las instituciones en focos de vulneración de derechos.

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