Audiencia 43 / Sentires y reflexiones

10-11-17 / En la jornada declararon tres testigos-víctimas. Brevemente lo hizo Adriana Espínola y luego el exlegislador Alfredo Ghilardi. Finalmente, se escuchó a José Lozano que centró su relato en la VIII Compañía de Comunicaciones del Ejército y puso palabras a los interrogantes que se formulaban quienes estaban detenidos/as en condiciones infrahumanas.

Texto e imágenes por: Colectivo Blog Juiciosmendoza

(https://juiciosmendoza6.wordpress.com/)

Adriana de las Mercedes Espínola, detenida en marzo del ’76, antes del Golpe, ya declaró en el IV juicio de Mendoza.

El Fiscal Daniel Rodríguez Infante solicitó se incorporaran sus anteriores declaraciones y le aclaró que no era necesario que repitiera lo ya relatado en detalle en anteriores indagatorias.

En la fecha solamente agregó que fue interceptada después de bajar de un colectivo cuando iba en busca de trabajo. Los secuestradores pertenecían al D2; allí permaneció 2 o 3 días hasta que fue transferida a la penitenciaría provincial. Con posterioridad fue trasladada a la cárcel de Devoto junto con un grupo numeroso de mujeres.

Atenta a la aclaración de la Fiscalía, manifestó que no tenía más que agregar.

Adriana Espínola era esposa de Juan Sgroi, dirigente del Partido Auténtico. Ella no tenía militancia; sin embargo, fue detenida y sometida a todo el repertorio de tormentos utilizados en el D2.

TESTIGO POR OLGA RONCELLI


Alfredo Luis Ghilardi era militante y había sido legislador peronista en 1973. Fue detenido en dos oportunidades. La primera, en 1976, duró tres días. Lo llevaron de su casa al VIII Batallón. La fiscalía se centró hoy en la segunda detención, el 13 de septiembre de 1977. En ese operativo se llevaron a varios compañeros de Rivadavia. El testigo mencionó a los que pudo recordar: Carlos Rossi, Gabriel Carrasco, Pedro Antonasi, Orlando Burgoa y José Cayetano Pellegrini.

Ghilardi fue llevado al D2, donde permaneció unos 13 días. Las celdas estaban llenas. Allí pudo escuchar a un señor de apellido García, vicepresidente de la cooperativa de Godoy Cruz, que procuraba calmar a todos; su esposa, profesora o directora de escuela y su hija que era médica.

Relató el testigo que el día que llegó trajeron a una profesora de matemática que había sido secuestrada a la tarde y sufría mucho por las torturas. Se refería a Olga Inés Roncelli, casada con Alfredo Saieg, secuestrada y desaparecida desde el 13 de septiembre del ‘77. En esta declaración sólo recordó el apellido de su marido. Se hizo tarde y se la volvieron a llevar. Cuando la devolvieron a su celda fue disminuyendo sus quejidos hasta callarse por completo. Se llevaron su cuerpo esa misma noche.

Con el retorno a la democracia, Ghilardi volvió a ser legislador provincial por el Justicialismo. Siendo senador e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de esa Cámara, pudo contarles al padre y a la madre de Olga Roncelli lo que él sabía.

LA DESTRUCCIÓN COMO OBJETIVO


José Eriberto Lozano es uno de los dirigentes sindicales cuya detención forma parte de la llamada “causa de los bancarios”. Fue secuestrado el 8 de diciembre de 1975 en San Rafael, conducido junto con su esposa y su sobrino hasta el D2 y posteriormente. a la Compañía de Comunicaciones de Montaña. Estuvo detenido en la penitenciaría de Mendoza y en la U9 de La Plata. Recuperó su libertad en 1979. Al momento del secuestro trabajaba en el Banco de Previsión Social y era delegado de La Bancaria. De tradición salesiana, había estudiado Ciencias Políticas en la universidad, donde tuvo militancia estudiantil.

En la jornada aportó un relato minucioso sobre su detención en la Compañía de Comunicaciones, además de valiosas reflexiones sobre la arbitrariedad de los interrogatorios bajo tortura y la capacitación progresiva de las fuerzas de seguridad en dichos métodos.

Lozano manifestó que luego de unos días de tortura e interrogatorios en el D2 -donde también había sido llevada su esposa-, el matrimonio y su sobrino fueron trasladados a la Compañía de Comunicaciones donde permanecieron hasta el 21 de diciembre. Era un galpón enorme con camastros dispuestos en fila donde había unas quince o veinte personas más con las manos atadas hacia atrás. Recordó que entre las personas detenidas había miembros del sindicato de obreros vitivinícolas de Maipú, el SOEVA, entre ellas Montaña y una mujer de apellido Salinas. Pudo verlos en una ocasión en la que un soldado llamado Jorge le quitó la venda. Muchos años después, en 1983, visitó nuevamente el lugar junto con la CONADEP y lo encontró irreconocible, hasta que “alguien se animó a cavar” y divisó el característico piso que miraba por debajo de la venda.

La tortura en este lugar era constante, mañana y tarde. “Las respuestas no eran lo valioso, lo importante era la destrucción”, aseguró. El interrogador de la mañana jugaba el papel de “bueno”, mencionaba a gente conocida y le leía su “prontuario”: le recordaba posiciones y discursos suyos en las asambleas, sus actividades sociales y solidarias. “¿De qué me tengo que arrepentir?”, preguntaba Lozano. “Hay compromisos morales míos, yo me entregué entero y lo volvería a hacer: yo quería una sociedad justa”, dijo emocionado en otro momento de su relato.

A partir de su experiencia y la de posteriores detenidos, Lozano reflexionó que las fuerzas de seguridad fueron ganando experiencia progresivamente en los métodos de tortura, de forma tal que cada vez eran menos visibles sus efectos en los cuerpos de sus víctimas. Sufrían mayores torturas, pero se notaba menos. Cuando él ingresó al penal provincial desde la Compañía mostraba múltiples quemaduras que fueron constatadas por el médico Tarquini.

Además, los golpes eran selectivos: conocían los puntos débiles de sus capturados. En su caso, las úlceras estomacales. También refirió algunos de los mecanismos que las fuerzas de seguridad utilizaban para despistarlos, como pasar grabaciones de radio de partidos de fútbol que no se correspondían con la fecha de ese momento.

Luego reconoció que la llegada a la penitenciaría le produjo felicidad en comparación con la incertidumbre y la posibilidad de la muerte que acechaba a quienes estaban “chupados” en los centros clandestinos de detención.