Un camino peligroso

La semana pasada, Organismos de Derechos Humanos de la Provincia suscribieron un documento dirigido al Ejecutivo provincial. Allí solicitan el cese de la persecusión política y la criminalización de la pobreza, quese  deconstruya el discurso de mano dura y que se dé fin a los ataques a las diversas protestas sociales, expresión del malestar social generado por el modelo de gobierno llevado adelante por Cornejo. ZEPA comparte aquí el texto firmado por Familiares de Detenidos Desaparecidos, Casa por la  Memoria, Asociación de  Ex Presas y Ex Presos Políticos, H.I.J.O.S., Liga por los Derechos de Hombre y Sobrevivientes del CCDTyE– D2.

Gentileza prensa.mendoza.gov.ar

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Organismos defensores de los Derechos Humanos observamos consternados las últimas reacciones del gobierno provincial frente a las demandas laborales, la expresión de las convicciones políticas y la protesta social en general. En los últimos diez días de abril asistimos a una escalada de medidas represivas que alarman nuestra conciencia y nos obligan a expresarnos.

Antecedido por listas negras y amenazas se viene aplicando un simple Código de Convivencia en detrimento de los derechos y garantías previstos en la Constitución Nacional. El corte de calles es considerado un delito de flagrancia. En lugar de resolver los diferendos por la mediación madura entre los manifestantes y las autoridades se ha sancionado a los manifestantes con multas o se ha recurrido a la fuerza policial.

Cabe recordar que la calle es la tribuna del pueblo. Ese es el espacio donde se expresan, muchas veces, quienes agotaron las instancias en los despachos oficiales.   Allí se ventilan las demandas de distintos sectores sociales. La experiencia nos dice que si hay voluntad política de diálogo impera el respeto y la razonabilidad de la negociación.
Sin embargo, en solo diez días y en consonancia con la grave escalada implementada por el Gobierno Nacional, pudimos ver:

–    La dura represión descargada el 5 de abril, sobre los vecinos del asentamiento Castro, castigados por la tormenta que anegó y rompió viviendas. Ante el corte del acceso se ordenó mandar la Infantería. Hubo golpes, enfrentamientos y cuatro detenidos.

–    La presencia de la policía antimotines desplegada por el centro de la ciudad con motivo de la manifestación pacífica de apoyo al paro general del 6 abril. Esta es una postal lamentable por el exhibicionismo intimidatorio de los efectivos policiales.

–    La amenaza de desafuero a los legisladores del FIT por manifestarse, en la ocasión arriba señalada, resulta aberrante. No tiene precedentes desde la restauración de la democracia.

–    La provocación que significó borrar los pañuelos de las Madres de plaza de Mayo pintados en las baldosas de la plaza de Las Heras;  el retiro de la placa de los desaparecidos del Colegio Agustín Álvarez y otras medidas que facilitan los agravios de ultraderecha que en la actualidad estamos sufriendo.

–    La detención de Nélida Rojas y su familia con pruebas de dudoso peso y procedimientos que no se ajustan a derecho acompañada por el escarnio mediático. En definitiva, se busca la desvalorización y estigmatización de las organizaciones sociales.

–    La persecución política contra los opositores. Puntalmente el despido de su cargo de planta de nuestro compañero Ernesto Espeche en el marco de las bajas a los directores que se desempeñaron en Radio Nacional durante la anterior gestión.

–    Fotos y videos en las redes sociales que ilustran a una policía envalentonada en procedimientos en los barrios donde los sospechosos son los jóvenes morochos pobres.

La práctica de requisas, detenciones en averiguación de antecedentes, la persecución a personas en situación de vulnerabilidad social es propia de quien busca el aplauso fácil pero poco le interesa brindar seguridad a la ciudadanía.  Para combatir el delito se requiere desbaratar el entramado de complicidades que operan en todos los poderes del Estado y en la institución policial.  Elementos que resuenan poco en los discursos oficiales.

Por el contrario, la arenga gubernamental habilita a la discriminación y el desprecio hacia hombres y mujeres por ser negros, por ser distintos, por ser extranjeros, por ser pobres. Esa perorata contraría la cultura de la solidaridad y nos retrotrae a horas aciagas.

En síntesis, la intimidación, las prohibiciones, la policía brava en repuesta a las manifestaciones, la penalización de los opositores de cualquier color, son constitutivos de una espiral de violencia estatal que siempre termina mal. La tragedia que atravesó nuestras vidas, la lección que nos ofrece la historia, nos permite advertir que el ejecutivo provincial tomó un rumbo muy peligroso.

Invitamos a la reflexión al conjunto de los mendocinos y mendocinas para rescatar los valores de la democracia fundada en el respeto a las diferencias, el ejercicio del pluralismo y la vocación de diálogo frente a los conflictos.

Reclamamos al Gobierno Provincial que pare el discurso de mano dura, cese la persecución política, la criminalización de la pobreza y los ataques a las protestas. Es su deber promover un clima de entendimiento que contribuya a la convivencia en paz.

                                                                             Mendoza, 14 de abril de 2017