Audiencia 13 / Quién es quién

16-03-17 / En la jornada se continuó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio por Susana Bermejillo y se concluyó con la lectura que agrupa causas de distintos centros clandestinos, principalmente del D2. Finalmente se hizo una reseña de las funciones desempeñadas a la época de los hechos por cuatro imputados por responsabilidades penales específicas.

Texto e imágenes por: Colectivo Blog Juiciosmendoza

(https://juiciosmendoza6.wordpress.com/)

En un debate que comenzó demorado y terminó pronto, se leyó la causa de Susana Bermejillo, de lleno relacionada con la de Mario Susso que se había desarrollado la semana pasada. Susana tenía 25 años y era profesora de Literatura. Además continuaba sus estudios en Filosofía. Militaba con su esposo Juan Carlos Carrizo en el Partido Comunista. Ambos sufrieron diversas amenazas y persecuciones por parte de la policía y otros grupos de derecha.

El matrimonio vivía en casa de los padres de él. Después de festejar el primer aniversario de boda, el 20 de marzo de 1976 alrededor de las 4:00 de la mañana, cinco hombres arribaron a la vivienda en un Ford Falcon color claro y un Peugeot 404. Juan Carlos logró escapar pero Susana no. Al día siguiente apareció sin vida junto a Mario Susso en la calle Pescadores entre Acceso Norte y San Rafael. Además de los orificios de bala, el cuerpo tenía diversas lesiones y heridas y marcas de violencia.

La hermana de Susana, Alejandra, afirmó en una declaración que a los días del crimen llegó un papelito a su casa donde decía que a Susana la había matado un grupo que funcionaba en la sede de Tradición, Familia y Propiedad. El grupo se dedicaba a maltratar mujeres en situación de prostitución para mandar mensajes morales a la sociedad.

Tanto la agrupación Concentración Nacional Universitaria vinculada con la Triple A, como las fuerzas de seguridad tuvieron intervención en estos delitos. Susso y Bermejillo fueron víctimas del aparato represivo. Ambos fueron blanco de tareas de inteligencia, allanamientos, seguimientos y/o detenciones.

La responsabilidad penal

En un aparato organizado de poder, las cúpulas o las autoridades intermedias no ejecutaban materialmente los delitos. Pero dominar el hecho no es ejecutarlo ni estar presente. Porque el ejecutor se puede cambiar automáticamente en caso de que no quiera cumplir la orden. Esto es lo que distingue el plan criminal de cualquier aparato de poder: la automaticidad y la fungibilidad. Es decir que el plan se cumplía.

En el requerimiento, el Ministerio Público Fiscal distingue entre dos planos de análisis de la responsabilidad penal: el horizontal y el vertical. El primero remite a la teoría de la autoría mediata y ayuda a distinguir los grados de responsabilidad de los mandos intermedios y altos de los autores materiales de un delito en un aparato organizado de poder. Y el plano vertical ayuda a comprender el trabajo mancomunado de las personas que coordinan acciones en un nivel similar de la estructura. La figura de la coautoría cabe tanto para autores mediatos como materiales.

Álvarez, agente “recortador” del D2

Carlos Faustino Álvarez Lucero ingresó al Departamento de Informaciones Policiales el 12 de septiembre de 1974 y prestó funciones allí hasta el 14 de marzo de 1988, con dos regresos al D2 en 1989 y 1993, y durante la dictadura osciló entre las secciones y divisiones “Registro-Fichero-Archivo”, “Análisis de la Información” y “Análisis”. En su legajo se consigna, por ejemplo, que el 9 de marzo de 1976 “El señor Jefe de Policía -Pedro Sánchez Camargo- felicita y recomienda a la consideración del personal, al causante, quien con demás integrantes del D-2 lograron detectar, desbaratar y posteriormente aprehender a una célula de delincuentes subversivos que actuaban en nuestro medio”. En sus declaraciones Álvarez ha sostenido que trabaja en Archivo, “donde realizábamos recortes de diarios, habían varias mesas donde se recolectaba información según el tema, gremiales, política, sociales-culturales, económico y cultural; yo iba recortando los diarios y le entregaba a cada mesa la información correspondiente; si en el diario aparecía una información política se la entregaba a la mesa respectiva y así sucesivamente con las demás mesas”. Y si bien asegura que no tuvo contacto con los detenidos”, dos sobrevivientes de 1979, Nélida Virginia Correa y Oscar Miguel Pérez- lo reconocieron fotográficamente.

El entusiasta Carelli

Armando Olimpo Carelli, que está acusado como uno de los principales responsables y torturadores reconocidos por 14 víctimas del Casino de suboficiales de la Compañía de Comando y Servicios, cumplía funciones en las áreas de Inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina, y a la fecha de los hechos era “Encargado de la Jefatura de Brigada División Personal Sección Credenciales de la IV Brigada Aérea; Auxiliar de la Central Conjunta de Inteligencia Regional, y Encargado de la Sección Personal Civil”. Si bien su legajo indica que permaneció desde marzo del ‘77 a febrero del ‘78 en Buenos Aires, un ex conscripto, José Alberto Flores Tejada, declaró que hacia agosto o septiembre de 1977 “vio en la IV Brigada a Carelli -junto a su colega de la Aeronáutica, Juan Carlos Santamaría- descender de un avión del cual también descendieron unas diez o doce personas vendadas (entre las que iba una en camilla tapada con una sábana) y custodiadas por personal civil armado con metralletas”.

Carelli siguió en “Inteligencia” hasta bien entrada la democracia, pero el núcleo de sus felicitaciones y el destacado de sus superiores se forjó en los primeros años del terrorismo de Estado, como un “suboficial que se adaptó eficientemente a la nueva tarea que se le asignó y que fue completamente ajena a su especialidad…”, dado que “la situación nacional lo ha puesto en una tarea para la cual no fue preparado -la lucha antisubversiva- y con gran entusiasmo superó la falta de conocimiento en la especialidad”. Sin embargo, su formación en inteligencia fue “sólida”, según acreditan cursos e informes, con “especialidades adquiridas en inteligencia básica, acción psicológica, técnicas especiales, información política, criptografía, técnicas de la guerra revolucionaria, contrainteligencia básica”.

Su rol en el centro clandestino para prisioneras políticas en el Casino y el protagonismo que tuvo en interrogatorios y torturas fue señalado por la mayoría de las sobrevivientes, entre ellas Dora Goldfarb, quien denunció que la sacó para extorsionarla y que por ello fue sancionado por sus mandos. Vilma Rúpolo, con quien se ensañaron, ha señalado que los torturadores eran “un trío””, Carelli, el capitán de Aeronáutica Jorge Osvaldo García y Pagela, que le decían “Conde”.

Un jefe y un enlace, dos viejos conocidos

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Armando Osvaldo Fernández Miranda, agente clave en la estructura de inteligencia y operativa del D2, sobre todo en 1976, eje de la represión ilegal, ha sido condenado en otros juicios y enfrenta una inminente sentencia en la megacausa. Ya en 1971 y 1972 destacaba en los cursos de contrainformación y para 1978 era instructor del Cuerpo Especial que formaría al grupo de tareas que participó de la brutal operación previa al Mundial. Según él, durante aquellos tiempos su tarea consistía en “llenar prontuarios” y “estudiar casos de subversión”. En este juicio responde por los crímenes contra la Juventud Guevarista de mayo del ‘76, las detenciones de militantes del Partido Comunista, y otras víctimas de actividad gremial, partidaria y estudiantil, como es el caso de los asesinatos de Susana Bermejillo y Mario Susso.

Al igual que Fernández, también el ex jefe policial entre 1976 y 1979, el vicecomodoro Alcides Paris Francisca Beccaría, ha recibido condenas contundentes en procesos anteriores y afronta la sentencia en la megacausa. Ahora debe responder por la segunda detención sufrida por Segundo Isau Alliendes, la de Alfredo Luis Ghilardi y la de Fredy Ramírez Longo.

Una vez que se concluya con la lectura de estas acusaciones se procederá a la de hechos y causas que restan, con sus consiguientes imputados: remanentes del D2,  de campo Las Lajas -por la cual da cuenta Juan Carlos Santamaría-, y las de la Policía Federal por los asesinatos de Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar.