El fin del estado conciliador – Derechos laborales del gobierno de Mendoza

Nuestro columnista especialista en derecho laboral describe los planteos del Gobierno de Mendoza para los recientes reclamos laborales de sus empleados públicos.

berni

Por Eliseo Carrió

El miércoles 11 de Enero la Subsecretaria de trabajo de la Provincia de Mendoza mediante la resolución 136 decide declarar la “ilegalidad” de la medida de fuerza dispuesta por los pilotos de la lucha antigranizo.

Según diario Los Andes: ”Los motivos que argumentó el organismo fueron varios. El principal surge de una cuestión formal y señala que el gremio no notificó ante la autoridad administrativa laboral provincial el rechazo a la propuesta hecha por el Gobierno en la instancia de Conciliación Obligatoria y recurrió a medidas de fuerzas incumpliendo con los recaudos formales necesarios. Otro argumento contra el paro fue el daño que termina provocando a los productores….También Trabajo, declara la ilegalidad por la “falta de relación de empleo y personería jurídica.”

A ello se suman las declaraciones del subsecretario de trabajo que expresa que luego de haberse declarado la ilegalidad, y de no comparecer los pilotos a trabajar, esto derivaría en el despido de los mismos (link MDZOL)

Asi también los empleados judiciales de la Provincia de Mendoza no cuentan con una representación ante la posible apertura de paritarias, esto se debe a que la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza, no está habilitada para funcionar como tal.

En setiembre de 2016 el Ministerio de Trabajo de la Nación anuló las elecciones de ese sindicato, realizadas el 8 de junio, por las impugnaciones que presentó la lista Bordó, liderada por Sergio Mortarotti (que perdió la elección por menos del 2% de los votos), considerando que hubo irregularidades en el proceso. El Ministerio de Trabajo de la Nación declaró la “ineficacia jurídica” de la convocatoria a la asamblea ordinaria que debía realizarse el 1 de abril, pero que no fue convocada, a vista del Ejecutivo nacional, con tiempo suficiente y de la manera adecuada. Por lo tanto, consideró nulo todo el proceso que se generó a partir de esa asamblea, incluyendo las elecciones. Quien gano las elecciones debía asumir en noviembre. Sin embargo, la anulación de la elección hizo que después de esa fecha, para el Ministerio de Trabajo el gremio quedara acéfalo.

Ante esto la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza los emplazó para que acreditaran su personería gremial antes del encuentro paritario de enero. Fue en ese sentido que el subsecretario confirmó que si no aparece un gremio legalmente habilitado para representar a los trabajadores, el aumento terminará otorgándose por decreto.(fuente Los Andes)

En el primer caso el Estado Provincial a través de la Subsecretaria de Trabajo declara ilegítima la medida de acción directa (huelga) lo cual sirve de excusa para despedir a los que accionaran. En el segundo caso el Ministerio de trabajo de la Nación interviene el sindicato (Art. 56 de la Ley de Asociaciones sindicales) lo deja acéfalo. Con esto, el gremio no participa de paritarias y el Estado provincial amenaza con disponer el aumento por Decreto.

El Convenio 87 de la OIT afirma que el Estado debe: «abstenerse de toda intervención que tienda a limitar, entorpecer el ejercicio legal del derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades y el de formular su programa de acción» (art. 3.1 y 2), agrega, «no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente Convenio» (art. 8.2), al tiempo que, por su art. 10, aclara que el término «organización» significa «toda organización de trabajadores que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores»

En las sentencias de la CSJN «ATE» (Fallos: 331:2499 -2008-) y «Rossi» (Fallos: 332:2715 -2009-), se afirmó que la libertad sindical es un principio arquitectónico que sostienen e imponen la Constitución Nacional, en su art. 14 bis, y un muy comprensivo cuerpo de normas proveniente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que goza de jerarquía constitucional en los términos del art. 75.22 de la primera.

De estas normas internacionales se deduce que la libertad sindical no está destinada a ciertos sindicatos, es decir no se hace diferencia entre los que tienen o no personería gremial sino que su propósito es que todas las entidades gremiales puedan realizar sus actividades sin obstáculos o limitaciones del Estado que reduzcan, injustificadamente, las funciones que les son propias: la promoción, ejercicio, defensa, fomento y protección de los intereses legítimos de orden gremial.

En otro caso “Orellano” (en cual se había decidido llevar adelante un huelga por fuera del sindicato que tenía facultad para declararla) la CSJN expresa que: “las medidas llevadas adelante por el actor (trabajador) resultan perjudiciales a terceros” .

Mas allá de esta consideración del Tribunal y la eterna discusión de quien es el titular de la declaración de huelga, podríamos ver lo que sucedió en Mendoza.

En el caso, y ante la declaración por parte del mismo Estado de ilicitud de la huelga, es el mismo Estado el que perjudica a los trabajadores ya que dicha declaración de ilegalidad le sirve para despedir a quienes pretendían llevar adelante la medida de acción directa.

Los trabajadores ejercieron una actividad gremial que se encontraba implícita en el concepto de «libertad sindical» perteneciente al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

«Toda vez que la libertad de contratar del empleador entre en conflicto con la libertad contra la opresión del empleado u obrero, esta última debe prevalecer sobre aquélla, porque así lo requieren los principios que fundan un ordenamiento social justo. No otro es el sentido de la cláusula que los Constituyentes de 1957 agregaron a continuación del art. 14 de la Ley Fundamental» (Fallos: 246:345, 349, con cita de la sentencia West Coast Hotel Co. v. Parrish de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América).

Entonces, que quede claro, y esto no es una consideración de quien escribe: la titularidad del derecho a declarar una huelga pertenece a un colectivo de trabajadores organizados en función de intereses comunes.

El trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional, el Estado debe velar por eso, no buscar causas para terminar con el Trabajo. Debe cuidar la fuente de trabajo no encontrar o idear una causa para terminar con el mismo, o en todo caso contribuir a la conciliación o recurrir al arbitraje.

De qué sirve declarar la ilegalidad de la huelga después que esta se produjo o cuando aún no se lleva adelante. Así también podríamos preguntarnos ¿Puede el mismo Estado ser mediador y parte? Vamos mas allá, la Ley otorga la posibilidad de intervenir sindicatos, así las cosas ¿Puede el Estado valerse de esa intervención para declarar acéfala a la entidad sindical e imponer el aumento por Decreto sin dar lugar a la discusión? ¿No implica esto retroceder después de casi 10 años de paritarias ?

Entonces, el estado se vale de su propio poder: intervenir –declarar la ilegalidad- para luego esa misma decisión servirle para imponer aumento por decreto sin paritaria o despedir a los trabajadores. Ya no necesitamos un Estado conciliador.