Arderá la Memoria: El Archivo Provincial de la Memoria, acervo de los Organismos de DDHH de Mendoza

El Archivo Provincial de la Memoria se encuentra en el Espacio Para la Memoria (EPM) y los Derechos Humanos exD2 y desde octubre tiene en su poder cajas y biblioratos con documentación. El Archivo Provincial de la Memoria fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Articula con otros archivos del país y de América Latina.

El Rector de la UNCUYO, Daniel Pizzi, la Secretaria Académica, Adriana García, Susana Muñoz, responsable del APM y Ernesto Espeche, miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en el acto de restitución de la documentación clasificada del exD2. Foto: Gentileza EPM

El Rector de la UNCUYO, Daniel Pizzi, la Secretaria Académica, Adriana García, Susana Muñoz, responsable del APM y Ernesto Espeche, miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en el acto de restitución de la documentación clasificada del exD2.
Foto: Gentileza EPM

 

El Archivo

Pertenece a la Comisión Provincial de la Memoria, creada por ley en el 2009. Desde la apertura del EPM exD2, el Archivo Provincial de la Memoria (APM) se encuentra allí. La titular es Susana Muñoz, de Ex Presas y Ex Presos Políticos. Lo lleva adelante junto con Ernesto Espeche, hijo de desaparecidxs e integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y un grupo de coolaboradoras/es.

El APM tiene en su poder el registro de documentaciones que tenía la policía a través de la investigación a la ciudadanía. Los libros que las fuerzas de seguridad incautaban en un allanamiento ilegal o en un secuestro, entregados por ley a la agrupación HIJOS, también son parte del Archivo aunque todavía la biblioteca no es trasladada al EPM exD2.

Documentaciones policiales

Desde el Golpe Militar de 1955, la policía, dentro de sus Departamentos, empezó a recopilar información para hacer investigación de la población. Cuando alguien tramitaba el documento de identidad, se registraba una ficha que contenía datos personales, fotografía y, a partir de la investigación que se hacía de cada una de las personas, se le hacía, o no, un legajo.

Esos legajos, además de albergar la información de identidad, contenían las actividades de cada individuo. Allí dentro se clasificaba en cuatro áreas: política, gremial, estudiantil y social. Es decir que figuraba si la persona había sido funcionario de gobierno, si tenía actividad sindical, en dónde estudiaba y qué ámbitos frecuentaba en general. Era un seguimiento muy prolijo en asambleas, actos, marchas, etc. que hacía el personal de seguridad infiltrado en todas las áreas de donde podía recolectar información.

Esos legajos tenían referencias que remitían a biblioratos en los cuales se incorporaba algún recorte de diario con foto o alguna “prueba” de la participación de esa persona en determinada actividad.

Los legajos fueron incendiados en dos oportunidades diferentes. Durante la gobernación de Martínez Baca, el secretario de gobierno, Juan Carlos “Buby” Ceruti, hizo cenizas los legajos de presos y presas políticos/as. Y a fines de la última dictadura, entre el 82 y el 83, el fuego ardió detrás del Cerro de la Gloria con los legajos de las personas desaparecidas. Ciertos testigos dicen que se encontraron algunos trozos de documentaciones, pero en su mayoría fueron quemados.

El Archivo en su lugar

Cuando se produjo la reforma policial de 1998, se descubrió que las fuerzas de seguridad seguían haciendo trabajos de inteligencia. Debido a esto se pueden encontrar investigaciones posteriores a la última dictadura cívico-militar, como son los biblioratos del caso Bordón. Se le quitó a la policía todo ese material y fue llevado a las oficinas de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad en Godoy Cruz. En ese entonces, a través de los diarios llamaron a la gente para que fuera a buscar su legajo, aunque pocas personas lo hicieron. Como seguía siendo muchísimo material, el subsecretario de aquel momento ofreció a la Casa por la Memoria entregar toda esa documentación a los Organismos de Derechos Humanos. La otra opción era quemarla.

Solo era posible hacer ese traspaso a alguna organización con personería jurídica. Para que todos los Organismos de Derechos Humanos -y no uno solo- fueran dueños de eso, se decidió postergar esa entrega hasta que se conformara la Comisión Provincial de la Memoria. Mientras tanto, en 2003 el Ministerio de Seguridad le dio a la Universidad Nacional de Cuyo el archivo en guarda. En el año 2009 se sancionó la ley que dio lugar a la creación de dicha Comisión.

Susana Muñoz recibe de manos del Vicerrector de la UNCUYO, Jorge Barón, la documentación clasificada del exD2 Foto: Gentileza del EPM

Susana Muñoz recibe de manos del Vicerrector de la UNCUYO, Jorge Barón, la documentación clasificada del exD2
Foto: Gentileza del EPM

 

Los documentos de Inteligencia de la policía estuvieron en guarda en la UNCUYO desde 2003, cuando la institución se comprometió a proteger el material hasta que la Comisión Provincial de la Memoria tuviera un espacio físico. Desde octubre de 2006, los documentos fueron entregados al Archivo Provincial de la Memoria, ubicada en el Espacio para la Memoria y los Derechos exD2​.

El Archivo está en proceso de organización. Por eso actualmente solo se puede consultar el material digitalizado: los legajos, los registros de la Casa Cuna y la información del Cuerpo Médico Forense. El CMF tiene dos libros: el de la policía o guardia de la entrada en donde figura el ingreso de algún cuerpo, y el libro médico que tiene las especificaciones de la muerte de esa persona. Es común encontrar allí a alguien muerto por homicidio por arma de fuego (HADF), cuya profesión es ser “terrorista”.

El Archivo Provincial de la Memoria es fruto del compromiso, el esfuerzo y la lucha. Es uno de los pilares fundamentales de recuperación de la memoria para promover la verdad y la justicia.