Derechos Humanos y kirchnerismo

De la política de Estado a la no “interferencia” con el Poder Judicial

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Fotografía: gentileza M.A.f.I.A.

 

Por Julio Semmoloni

Instituciones internacionales del mayor alcance global y de sumo prestigio en el mundo han considerado en numerosas ocasiones que la política en materia de Derechos Humanos que se implementó durante el prolongado mandato kirchnerista, constituye un paradigma de la aplicación de justicia para los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. Esa reiterada distinción a nuestro país, transformó a la Argentina en un caso sin parangón por la cuantía de los hechos juzgados, la profundidad de las investigaciones y el respeto irrestricto de las garantías procesales.

Si bien nunca debe omitirse como antecedente fundamental el ya lejano juicio y castigo a las Juntas militares que impulsó el alfonsinismo, conviene recordar que la estructura jurídica y política construida mediante la Conadep y los fallos de la Cámara Federal de 1985, estuvo a punto de desplomarse por completo tras la promulgación de las leyes limitantes de aquel mandato radical (Punto final y Obediencia debida) y la ejecución de los indultos decretados por Menem. De no haber mediado la firme voluntad política del presidente Néstor Kirchner, quien se respaldó en una Corte Suprema de Justicia con integrantes que él propuso desde el Ejecutivo y aprobó el Senado, los dispersos intentos de los organismos vinculados al tema seguramente hubiesen naufragado.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo, que conduce Hebe de Bonafini, y la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, encabezada por Estela de Carlotto, lo mismo que el Centro de Estudios Legales y Sociales, a poco de iniciarse la gestión kirchnerista homologaron éticamente con su fervoroso apoyo el compromiso político asumido por el jefe de Estado y el flamante gobierno. Comprendieron que el denodado esfuerzo desde el llano no bastaba y dejaría de resultar infructuoso si aceptaban esa mano tendida desde la Casa Rosada, dado el sorprendente giro ideológico evidenciado por la nueva gestión. No lo entendieron del mismo modo otros organismos de Derechos Humanos y las diversas expresiones sectoriales que reúne a la izquierda anti-K. Al contrario, con saña y desdén descalificaron la vocación y el compromiso del kirchnerismo en pos de la consigna Memoria, Verdad y Justicia.

El Poder Judicial es la más conservadora de las instituciones republicanas, en particular porque está compuesto por personas que no son elegidas por el pueblo y en virtud de que sus cargos no se renuevan periódicamente como los de los otros poderes. La mayoría de sus miembros, asimismo, suele alinear sus procederes con las conveniencias del poder social dominante, pues de familias con ese origen proviene un alto número de magistrados.

Sin embargo, esa aparente homogeneidad de criterio es frágil y a menudo permeable en democracia a decisiones políticas del Poder Ejecutivo, cuando éste cuenta con el consenso del Congreso. La veteranía en el ejercicio de sus funciones de por sí lleva a que los jueces convivan, para no poner en riesgo su intangibilidad, con gobiernos de diferente signo político, y permite entender los vaivenes procesales que adopta el Poder Judicial de acuerdo a la ocasión.

Por eso cuando en 2015 se hizo más notorio que el relato kirchnerista había perdido hegemonía, todos los organismos, ante la inminencia del calendario electoral, manifestaron su temor de que la política de Estado en materia de Derechos Humanos se fuera marchitando hasta diluirse con el gobierno que resultara elegido. Scioli, Macri o Massa no eran garantes de la continuidad de los juicios que produjeron centenares de condenas desde 2006.

La principal dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, cuestionó siempre y con la mayor dureza el estrecho vínculo entre el kirchnerismo y algunos organismos de Derechos Humanos. Consideró que era un acto de demagogia del gobierno, para obtener un rédito político de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. Cortiñas no ponderó en su justa medida el decisivo impulso y la imperiosa continuidad que dio a los juicios la específica dedicación del gobierno de Néstor Kirchner, que a su vez prolongó Cristina Fernández.

Dicha actitud de la encomiable dirigente, lamentablemente se condice con un grave error de análisis político que sostiene la teoría de que la inquebrantable lucha de los organismos tarde o temprano produciría los mismos efectos que logró, casi de inmediato, el compromiso asumido por Kirchner el 25 de mayo de 2003 ante la Asamblea Legislativa, y que luego refrendó el 24 de marzo de 2004 en el apoteótico acto reparador realizado en la ex ESMA.

Pues bien, ganó Macri y gobierna desde hace ocho meses. Nora Cortiñas, a raíz de las declaraciones del actual presidente en el reportaje concedido a la periodista Karla Zabludovsky del portal BuzzFeed, acaba de señalar: “En estos ocho meses se han vaciado todos los espacios donde se ha luchado por la verdad y la memoria”.

Las palabras de Macri fueron repudiadas por todos los organismos de manera unánime. Indignaron frases como: “No tengo idea si fueron nueve mil o treinta mil…”; “La horrible tragedia que fue esa guerra sucia…”. Pero seguramente lo que impresionó a Cortiñas para hacer la valoración ya citada del momento político que se vive, debió ser la siguiente consideración de Macri: “No es que no los apoye (a los juicios contra los represores), es que no puedo interferir”. Vale decir que el macrismo canceló la política de Estado llevada adelante por el kirchnerismo hasta el 9 de diciembre de 2015. Las medidas judiciales del último tiempo así lo indican: aletargan o postergan los debates, demoran o entorpecen las elevaciones a juicio, frenan cuanto pueden los procedimientos de primera instancia y conceden a los encarcelados los beneficios de la prisión domiciliaria.

De entre las maravillosas mujeres que dieron todo para ponerle el cuerpo y la vida a la causa imperecedera e imprescriptible de Memoria, Verdad y Justicia, por diferentes razones y por ser tan kirchnerista, la más vilipendiada ha sido siempre Hebe de Bonafini. Por eso durante el mismo reportaje, apelando a su atroz coherencia, Macri la calificó de “desquiciada”. ¡Cuidado! Los argentinos tenemos un presidente que suele estar en sintonía con los millones que lo votaron hace poco. Hacía mucho que no se trataba a una Madre de “loca” como lo hicieran hace cuarenta años tantos genocidas. Parece que Macri no tuvo empacho ahora en espetarle a Hebe aquel epíteto utilizando un sinónimo. ¿Acaso será porque Hebe sigue siendo la más combativa?