La demanda agregada

Una conquista social perdura cuando la sostiene un relato hegemónico.

AiresAcondicinados

Por Julio Semmoloni

La presidenta Cristina Fernández una y otra vez explicó en qué consiste. Lo hizo aportando ejemplos, reiterando cifras concretas, basándose en primarios conocimientos teóricos, en fin, echando mano a cuanto recurso oral y escénico le permitió cada acto público en la Casa Rosada o cualquier otro lugar del país. Tras ocho años en el cargo, parece mentira, no consiguió que la inmensa mayoría de la población (kirchnerista o no) tomara conciencia de la conquista lograda. No es fácil de asimilar el significado y la trascendencia que en economía encierra el concepto “demanda agregada”. Los economistas recurren a fórmulas para hacerlo más explícito entre ellos.

Pero si no se comprende qué es la “demanda agregada”, núcleo sobre el que pivoteó el modelo económico de recuperación, crecimiento y desarrollo, la población mucho menos puede aferrarse con argumentos sólidos al proyecto de país que improvisadamente (por carecer de una planificación adecuada) fue construyendo el kirchnerismo. Podría decirse que el procedimiento en busca de la “demanda agregada” es opuesto o va en sentido inverso al que propone el neoliberalismo mediante el “derrame”, el cual resultaría de la constante inversión de capital.

En términos muy básicos, tal gobierno procura a través de decisiones sociales y económicas que directa o indirectamente se incremente el poder adquisitivo de los recursos con que cuentan trabajadores y jubilados y también el conjunto de las empresas. Al incentivar la capacidad de pago para consumir bienes y servicios de todo tipo (es decir, agregando demanda), se consigue darle un impulso adicional al consumo general. Por eso también se decidió duplicar la cantidad de jubilados: la cobertura previsional total de los adultos mayores (aun los no aportantes) “agregó” más demandantes de consumo.

Es cierto que a partir de 2003 se inició una significativa recuperación salarial. El renacido funcionamiento de las paritarias trajo la permanente mejoría de los salarios deteriorados por la inflación creciente. La demanda también se recuperó e incluso creció porque en las convenciones colectivas de trabajo se pactaban aumentos por encima de la inflación. Pero el factor que incidió para que el rendimiento de esos salarios creciera como nunca antes, fue la política de subsidios a servicios básicos que son de consumo intensivo por parte de las industrias y de necesidad imperiosa para todos los hogares: agua, saneamiento, luz, gas y transporte.

Si ese costo mensual se mantiene en los mismos valores por años, pese a la inflación y el aumento del salario y de todos los otros precios de la producción de bienes y servicios, es obvio que se le está dando un impulso a la totalidad del consumo, sostén fundamental para el crecimiento de la economía del país. Las franjas sociales y productivas más favorecidas fueron la “clase media” (porque creció en número y se fortaleció) y las “pymes” (micro, pequeñas y medianas empresas), que aportan el 80 por ciento de los puestos de trabajo.

Los sectores beneficiados por esas políticas sociales y económicas inherentes al proyecto de transformación, no fueron suficientemente concientizados sobre la importancia estratégica del estímulo que significa la “demanda agregada”. Tal precariedad cultural facilitó que aun disfrutando por años de la movilidad ascendente, a la hora de votar, demasiados electores tomaran por cierta la sarta inconcebible de patrañas vociferadas durante la campaña macrista, y que hace unos meses sirviese de justificación para implantar las tarifas más exorbitantes de la historia argentina.

Se machacó hasta la saciedad que la inflación alta y el creciente déficit fiscal eran exclusivas consecuencias de la política de subsidios. En el mismo sentido fabularon y todavía lo siguen haciendo con que la desinversión y la menor productividad energética de los privados se debió al atraso tarifario, para entonces aplicar sin la menor cautela el más gravoso incremento de que se tenga memoria.

Es claramente verificable que ninguna empresa suministradora de los servicios básicos fue desfinanciada como consecuencia de los subsidios, hasta el punto de impedírseles cumplir con su compromiso de inversión. Esta calamidad económica y social que alarma por estos días a los argentinos es causada por el choque de modelos antagónicos, basados en concepciones ideológicas históricamente enfrentadas. La “clase media” ahora empieza a reaccionar contra políticas que la vienen perjudicando desde diciembre, porque con la aplicación del tarifazo le birlaron de un solo envión el poder adquisitivo de la “demanda agregada”.

Una cosa es redistribuir el total de los ingresos entre todos los habitantes de un modo un poco menos inequitativo, y otra cosa es transferir ipso facto (para retrotraerse de inmediato a tiempos pretéritos) la gran masa de los recursos producidos en favor de los sectores concentrados de la economía.

Si en el contexto político de prevalencia de un relato específico sobre el estado de cosas, el gobierno deja de establecer claros parámetros para concienciar permanentemente a las grandes mayorías, a fin de que éstas adquieran un mínimo de espíritu crítico que les haga asumir por qué gozan de cierta bonanza, la rutinaria sensación de bienestar se adquiere como una situación natural divorciada de la coyuntura política, por lo tanto en medio de la temeraria negligencia oficial puede tergiversarse la apariencia con otro relato que también consigue naturalizar lo que es una categórica patraña.

La “soberbia” kirchnerista no estuvo en el tono altisonante y la mirada altiva de la Presidenta. En última instancia, para la historia de los procesos políticos todo eso sería una anécdota. El pecado de soberbia política estuvo cuando se pasó de la generosa construcción de un relato argumentado para enfrentar el statu quo imperante, a la mezquina y diminuta rencilla personal o sectorial, olvidando que los espectadores involuntarios de ese conflicto imperioso (aunque a veces fútil por lo desvirtuado) serían millones de ciudadanos que más tarde decidirían el resultado electoral.