Ley de Comunicaciones Convergentes: estos son mis principios.

En una actividad que se publicitó como debate, Silvana Giudici presentó en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) “los 17 principios que regirán” la nueva  ley de comunicación que impulsa el gobierno nacional. El debate brillo por su ausencia.

De izquierda a derecha, Silvana Giudici, Ismael Ferrando (Decano de la Facultad de Derecho de la UNCuyo) y Hugo Duch (Secretario Académico de la UNCuyo)

 

A días de asumir su mandato, el presidente Mauricio Macri se encargó de modificar a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) sancionada en el año 2009. El 30 de diciembre de 2015, en conferencia de prensa, el jefe de gabinete Marcos Peña anunció: “Hoy se termina la guerra del Estado contra el periodismo. El resultado de esa guerra fue malo para todos. No ha habido ningún beneficio para los argentinos, no ha habido un aumento de la cantidad de medios ni de conectividad, tenemos celulares que no andan”. Entre los cambios que introducía el DNU figuraba la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), y con esto el fin de AFSCA y AFTIC (autoridades de aplicación de la LSCA y de Argentina Digital, respectivamente).

Silvana Giudici, ferviente opositora a la LSCA, es ahora miembro del directorio del ENACOM y llegó a Mendoza para participar de lo que, a priori, se presentaba como un “nuevo encuentro junto a funcionarios y especialistas que analizarán los principales ejes para el anteproyecto” de Ley de Comunicaciones Convergentes que impulsa el gobierno nacional.

Giudici, también coordinadora de la Comisión Redactora del anteproyecto de esta ley, aprovechó la oportunidad para asegurar que “hay mucho consenso en que es necesario generar una ley flexible y que mire al largo plazo, porque tal como pasó con la ley de medios y luego con la discusión de argentina digital, las dos leyes anteriores adolecen de una mirada de largo plazo sobre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”. Completaron el panel central Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista que participa en la redacción del anteproyecto de ley; el abogado Ignacio Boulin, docente de la Facultad de Derecho de la UNCuyo, y el periodista Luis Ábrego. En su exposición, Ábrego -quien también se desempeña como docente en el Taller de Medios Gráficos de la Licenciatura en Comunicación Social de la mencionada universidad pública- afirmó que “la LSCA nació vieja”, y agregó que “no logró el objetivo de desconcentrar el mercado de comunicaciones y simplificó el debate entre el Gobierno y un grupo hegemónico”.

La propuesta de la Comisión Redactora.

Aunque en la previa la actividad se presentaba como la continuidad de una serie de debates académicos -a partir de los cuales se puedan intercambiar distintas miradas y análisis de la situación actual de las comunicaciones y proponer fundamentos para la nueva legislación- el plato fuerte de la cita fue la presentación de los 17 principios que regirán la Ley de Comunicaciones Convergentes. Al menos así lo entendió el ENACOM, ya que en su sitio web ponderó este anuncio por encima de cualquier repercusión en torno al contenido del debate.

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En palabras del ENACOM los 17 principios “sintetizan el espíritu de la Ley, cuyos pilares son la pluralidad, la diversidad, el acceso a la información, la libertad de expresión y de prensa, el federalismo y la producción nacional de contenidos. Con la presentación de estos principios, la nueva ley se ubica dentro de un nuevo paradigma comunicacional que generará plena libertad de expresión y prensa, visibles mejoras en materia tecnológica y nuevas inversiones en el país, con el consiguiente aumento del empleo y la productividad en el área.”

A raíz de esta presentación un grupo de docentes/investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (Damián Loreti, Diego Rossi, Diego De Charras y Luis Lozano) presentaron un documento en donde analizan, punto por punto, lo que propone la Comisión que encabeza Giudici. El artículo titulado “Divergencias ante la convergencia: Tensión entre principios, realidades y derechos” advierte desde el inicio inconsistencias del texto propuesto, al señalar que “en algunas cuestiones es puntual, mientras en otros es ambiguo y permitiría soluciones en sentidos opuestos a la hora de redactarse un proyecto de ley”. También destacan que muchos de los principios “paradójicamente son contrarios a lo dispuesto por el mismo gobierno por medio del decreto de necesidad y urgencia 267/15”.

Los de adentro son de palo.

La noticia sobre la realización de este encuentro comenzó a circular pocos días antes de la cita (prevista para el 6 de julio a las 16 hs) y, según advierten diversos actores locales involucrados de manera directa en esta discusión, las  invitaciones brillaron por su ausencia. A tal punto llegó el hermetismo con el que se organizó el encuentro que docentes y estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNCuyo (carrera que se dicta en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales) se enteraron apenas 48 horas antes, por una pequeña nota en el portal de noticias de la Universidad, pero nunca recibieron la invitación formal de alguna instancia del Rectorado, del Decanato o de la Dirección de Carrera.

La reunión, presentada como la “Segunda Edición de Debate Académico sobre Libertad de Expresión y Convergencia Comunicacional”, tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la UNCuyo. La elección de este escenario no hizo más que agudizar los cuestionamientos, debido a que no es el ámbito habitual en el que la Universidad suele discutir las problemáticas relacionadas con la comunicación social. La escasez de público confirmó esta lectura: más de la mitad del aula magna de la Facultad de Derecho, con capacidad para unas 250 personas, estuvo vacía.

La escasa difusión y el poco público asistente no hizo más que terminar de derribar el aire de debate con el que se presentó la actividad. De hecho toda la interacción se limitó a una serie de preguntas entregadas por escrito y a respuestas muy sintéticas de parte del panel.

Por esta razón un grupo local de docentes, investigadores y graduados en Ciencias Sociales emitieron un comunicado (se adjunta a continuación) en el que rechazaron la actividad promovida por el ENACOM y auspiciada por la UNCuyo.

 

RECHAZAMOS DEBATE POR UNA NUEVA LEY DE MEDIOS

 Quienes abajo firmamos, docentes, investigadorxs y graduadxs en ciencias sociales y profesionales de la comunicación hemos sabido de la realización de un “Debate Académico”, que se realizará en Mendoza en torno a una posible nueva ley de Medios, impulsada por las actuales autoridades nacionales. La misma se realizará en la primera semana de julio, en dependencias de la Facultad de Derecho de la UNCuyo.

Al respecto, queremos manifestar lo siguiente:

  1. Como defensorxs de una comunicación democrática, inclusiva y plural reconocemos la amplísima legitimidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual votada por cómoda mayoría de las dos cámaras del Congreso en el año 2009.
  2. Lamentamos los procedimientos por los cuales se quitó vigencia a algunos artículos nodales de dicha ley, primero mediante los DNU y luego a través de una ley votada en singulares circunstancias, por la vía de mano alzada y sin conteo estricto de los votantes.
  3. Manifestamos que, al margen de las cuestiones formales en cuanto a las votaciones respectivas, la ley anterior sintetizaba dos aspectos altamente valorables: a.Una amplísima gama de apoyos sociales, desde asociaciones de periodistas a radios comunitarias y carreras de comunicación, fruto a su vez de un arduo debate social que duró casi cinco años; b. Contenidos ampliamente democratizadores de la comunicación audiovisual, desde claúsulas antimonopólicas a aquellas que favorecían la producción local, o las que asignaban un 33% del espectro al ámbito comunitario.
  4. Enfatizamos que fueron reconocidos oligopolios mediáticos y empresariales los que pusieron obstáculos a la aplicación de esa ley, junto a sectores políticos conservadores que hoy están en el gobierno;
  5. Advertimos que no es casual que en el fomento de una nueva ley, cuyo texto -llamativamente- no ha sido dado a conocer por ningún medio, que desplace los logros de la anterior, encontremos a figuras que ya participaron de la oposición a aquella norma democratizadora. No podemos, por ello, esperar de la pretendida consulta por realizar, sea otra cosa que un simulacro al servicio de la restauración de las condiciones centralizadas y hegemónicas de la comunicación, previas a la votación de la ley de Servicios Audiovisuales.

Mendoza, 6 de julio de 2016

Firmas:

Rosa Goldar, Javier Ozollo, Roberto Follari, Omar Gais, Fernanda Beigel, Ruth Parola, María Eugenia Martín, Ernesto Espeche, Juan Carlos Aguiló, Marcelo Padilla, José Luis Jofré, Eliana Gabay, Laura Neri, Francisco Gabrielli,  Avelina Alonso, Julieta Dalla Torre, Daniel González, Valeria Fernández Hasan, Juan José Navarro, Silvana Vignale, Natalia Encinas, Martín Ferreira, Eva Rodríguez Agüero, Facundo Rojas, Marcos Ollalla, Mario Maure, Albina Pol, Alejandro Paredes, Sofía D´Andrea, Lucía D´Angelo, Myriam Arancibia, Gustavo Nieto, Flavia Manoni, Miriam Bilbao, Patricia Gorri, Silvina Cailly, Javier Díaz Araujo, Nicolás Sarale, Javier Elizondo, Paola Bayle, César Ferrer, Emanuel Campoy, Ana María Vega, Pablo Guaycochea, Humberto Lanatti, Gabriela Maturano, Héctor Eduardo Garófoli, Silvia Benchimol, Sebastián Moro, Ceila Duek, Martín Arias, Silvia Fernández.