Más prisión preventiva, menos constitucionalidad

El tratamiento en Diputados del proyecto de ley provincial que busca reformar el sistema de prisión preventiva se postergaría una semana. El oficialismo pretendía concretar la sanción hoy, sin embargo los legisladores del Frente para la Victoria reclaman una semana más para estudiar el texto aprobado en Senadores.

carcel

Aunque los legisladores del Frente Cambiemos esperaban que el proyecto de ley provincial para reformar el sistema de prisión preventiva -aquel que el gobernador Alfredo Cornejo presentara enérgicamente en su discurso del 1 de mayo- tuviera sanción definitiva hoy en la cámara de diputados provincial, el Frente Para la Victoria quiere una semana más para revisar el texto aprobado en senadores.

Cabe recordar que antes de su aprobación en Senadores, el proyecto fue cuestionado por organizaciones nacionales de alta incumbencia en la temática. En un comunicado conjunto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Pensamiento Penal (APP) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), advirtieron, desde el título, que “aumentar la aplicación de la prisión preventiva es inconstitucional e ineficaz como política de seguridad”.

Es decir que, mientras en la casa provincial de las leyes, legisladores oficialistas intentaban acelerar los tiempos para que el proyecto se sancionara cuanto antes, el CELS, la APP y el INECIP alertaban respecto de lo que es un secreto a voces: si el proyecto prospera sin incorporar modificaciones su judicialización será inevitable.

El cuestionamiento de estos organismos indicaba, entre otras cosas, que “la prisión preventiva pasaría a ser la regla y no se aplicaría solo cuando existan riesgos procesales –peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación–. Además, los plazos para que un juez dicte la prisión preventiva se extendería hasta los 10 o 20 días, lo que generaría que una persona pueda estar detenida durante ese tiempo sin que su situación se resuelva”.

Ya se destacó en ZEPA que la presentación del proyecto de reforma en el sistema de prisión preventiva fue, quizá, uno de los pasajes más efusivos y grandilocuentes del discurso del gobernador. En aquella oportunidad Cornejo solicitó el apoyo de los legisladores para lo que aseguró “será una ley fuerte contra la delincuencia” y agregó que se trata de una ayuda del Poder Ejecutivo para “que la Justicia Penal pueda cumplir el mandato de los ciudadanos decentes”.

Sin embargo el cuestionamiento de estos organismos advertía también que “en Mendoza los problemas de seguridad están relacionados con la ausencia de implementación de políticas específicas sostenidas en el tiempo y no con la falta de detenidos.” Los números presentados son contundentes:

  • La población penitenciaria se duplicó en quince años.
  • En el año 2000 había 1.954 personas privadas de libertad.
  • En el año 2015 los detenidos son 4.025

En un documento presentado al Dr. Marcelo Rubio –Presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores- días antes del tratamiento del proyecto en Senadores, Fabricio Imparado –Procurador de las Personas Privadas de Libertad- hacia foco en la tasa de encarcelamiento al advertir que:

  • La cantidad de personas privadas de libertad al 11 de mayo de 2016 es de 3.985 (Sin contar personas sometidas a control penitenciario como casos de prisión domiciliaria, libertad condicional o asistida, que rondan las 300 personas). Esto equivale a decir que a esa fecha tenemos 221,7 presos cada 100.000 habitantes.
  • Este dato toma relevancia teniendo en cuenta, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires, en donde si bien la población es de casi 16.000.000 de habitantes (Mendoza tiene un total aproximado de 1.800.000 habitantes) y las PPL llegan casi a 35.000, de acuerdo al último informe de 2015 de la Comisión Provincial por la Memoria (Bs.As.), la tasa de encarcelamiento es de 218,5 personas detenidas cada 100.000 habitantes.

Mientras que proyectos como este tienden a valorar de manera positiva la idea de prisionización, el documento presentado por Imparado remarca otro dato importante: del total de las personas privadas de libertad por causas de la Justicia Provincial, el 49 % (aproximadamente 1600 personas) se encuentran en condición de procesados. El dato correspondiente a los casos de la justicia federal es aún más alarmante: 75% de procesados y 25% de personas con condena.

A pesar de estos fundamentados cuestionamientos y de las distintas expresiones de rechazo provenientes de algunos sectores de la oposición y de la sociedad civil, lo concreto es que el martes 23 de mayo el proyecto obtuvo media sanción. Los 35 votos positivos fueron más que suficientes para lograr ese primer paso hacia el objetivo que el gobernador encomendó a sus legisladores.

Hoy todo indica que la sanción completa se hará efectiva en la sesión de la semana que viene. Si así sucede, la plena concreción de la tarea deberá esperar una semana más. Luego la norma será puesta a prueba. Recién ahí podremos constatar lo que para algunos es una realidad palpable: retroceso en la búsqueda de políticas de seguridad eficaces, auge de reclamos de inconstitucionalidad y ausencia de la plena aplicación de las herramientas vigentes. En definitiva, un nuevo brote del pensamiento mágico que busca “una ley fuerte contra la delincuencia” que, como siempre, actué cuando el delito ya se cometió.