Que sea justicia

El gobernador Alfredo Cornejo anunció, en su discurso del 1 de mayo, el envio de un proyecto de reforma en el sistema de prisión preventiva. El procurador de las personas privadas de libertad, Fabricio Imparado, analiza el proyecto.

img_3608

Fabricio Imparado (a la derecha de la foto) en una de los encuentros nacionales para la implementación del protocolo contra la tortura.

 

La presentación del proyecto de reforma en el sistema de prisión preventiva fue, quizás, uno de los pasajes más efusivos y grandilocuentes del discurso del gobernador. En la introducción del tema pidió a los legisladores el apoyo para lo que aseguró “será una ley fuerte contra la delincuencia” y agregó que se trata de una ayuda del Poder Ejecutivo para «que la Justicia Penal pueda cumplir el mandato de los ciudadanos decentes».

Sin embargo, el tiempo limitado de un discurso de apertura de sesiones ordinarias legislativas no alcanza, probablemente, para explicar y analizar los alcances del proyecto.

Tal vez por esta razón, Fabricio Imparado, procurador de las personas privadas de libertad, decidió emitir un comunicado en donde analiza las implicancias más relevantes del proyecto.

En diálogo con ZEPA, Imparado explicó que “el proyecto, si bien tiene una serie de cuestiones que sería conveniente revisar –sobre todo para evitar planteos de inconstitucionalidad que van a ser, seguramente, tomados por los tribunales, debido a las obligaciones que tiene asumidas el Estado Nacional con respecto a tratados de derechos humanos y al orden normativo de la Constitución y de las leyes- en líneas generales se condice bastante con la necesidad de una justicia más rápida, más expeditiva. Así se evitaría que las personas pasen excesivos tiempos durante las prisiones preventivas. Cabe destacar que esto atiende un pedido que realizamos a través de un Habeas Corpus el año pasado, y que en su momento fue presentado desde reinterpretaciones erróneas”.

En el comunicado Imparado aclara que, con aquel Habeas Corpus, “lejos de pretender un fallo que permitiese la liberación indiscriminada de detenidos, solicitamos la efectiva aplicación del código procesal penal, de la Constitución Nacional y de los Tratados de Derechos Humanos ratificados por Argentina, la necesaria y urgente intervención judicial en casos de personas detenidas por disposición de los fiscales, la imposición y cumplimiento de los términos previstos legalmente (tanto a fiscales como a jueces) y el requerimiento de una justicia más expeditiva y eficiente”.

Además advierte que “deberá contemplarse y proceder a la mejora del deplorable y ya conocido estado de las cárceles, la lucha contra la violencia institucional, la separación de alojamiento de procesados y condenados y el respeto a los derechos y garantías no afectadas por la medida cautelar, aspectos estos que sin dudas hacen a la “seguridad” en general al afectar, en mayor o menor medida, la posibilidad de reincidencia delictiva”.

 ACCEDER AL COMUNICADO COMPLETO