La comunidad internacional pide explicaciones sobre cambios en la Ley de Medios pero no avanza en su crítica

Un análisis de lo sucedido en la audiencia en la que el Estado argentino dio explicaciones sobre su política de comunicación, y sobre el avance contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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Peticionarios de la sociedad civil argentina escuchan con atención a las autoridades de la Comisión.

 

Una de las herramientas fundamentales con las que cuenta la sociedad civil moderna para defender sus conquistas y luchar contra las opresiones estatales es el despertar de los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Las maneras para lograrlo son múltiples; y la elección del espacio de discusión es parte de la estrategia que la sociedad civil debe establecer a esos fines, teniendo en consideración los matices políticos del momento en el que le toque actuar.

La sociedad civil argentina entiende esta lógica a la perfección. Más aún, sabe utilizar los mecanismos internacionales de protección tanto para casos específicos como para plantear problemáticas de incidencia colectiva; conoce los diferentes sistemas internacionales de protección de derechos humanos –universales y regionales- y las ventajas y desventajas de cada uno; y no le tiembla el pulso al momento de decidir hacer uso de los mismos. La audiencia de la semana pasada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  fue sólo una prueba más de ello.

En efecto, conmovidos y preocupados por los cambios que –por vía de Decretos de Necesidad y Urgencia de Presidencia de la Nación- se dispusieron a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina y el impacto que, en términos de ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión, ello tuvo en nuestro país, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y organizaciones territoriales y universitarias afines acudieron al auxilio del organismo internacional.

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No es fácil conseguir un lugar en la apretada agenda de audiencias temáticas que se celebran cada período de sesiones de la CIDH. En efecto, el calendario da cuenta de 50 audiencias concedidas, sobre un total de 140 peticiones que reflejan las complejas problemáticas de derechos humanos que aquejan a toda la región. En razón de ello, la sola aceptación de la petición de nuestras organizaciones debe ser entendida como un primer logro.

Un logro que, además, refleja preocupación. Una preocupación compartida por el organismo internacional respecto de la temática que se quiere discutir. Caso contrario: ¿qué sentido tendría ocupar un lugar en la “reducida agenda” para conversar al respecto? Significa, entonces, que la voz de alerta empieza a ser escuchada, y que la comunidad internacional empieza a solicitar explicaciones sobre determinadas políticas internas que pueden impactar en el goce y ejercicio efectivo de derechos.  Es decir, el Estado, en sus políticas, comienza a sufrir interpelaciones.

Lamentablemente, en la audiencia de la semana pasada, la representación del Estado Nacional -con una comitiva de altísimo nivel tanto en términos políticos como de participación de expertos en materia de libertad de expresión y derechos humanos- no se mostró a la altura de las circunstancias. Ni mucho menos a la altura de organizaciones de la sociedad civil que hicieron uso de la palabra.

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Representantes del Estado argentino para la audiencia ante la CIDH (foto: Enacom)

La seriedad de la problemática y la gravedad de los abusos institucionales que han ocurrido en nuestro país desde el 10 de diciembre (específicamente en materia de Servicios de Comunicación Audiovisual) fue graficada a la perfección por los representantes ciudadanos. Se evidenció que por las disposiciones del gobierno macrista la pluralidad de espacios de construcción y de crecimiento democrático resulta afectada, y se reflejó el grado de violencia con el que el Gobierno Nacional enfrentó las situaciones cotidianas que surgieron como consecuencias necesarias de sus medidas.

No obstante, y pese a la claridad y especificidad con la que realizaron su presentación los peticionarios, el Estado no abordó ninguno de los puntos de preocupación mencionados. Desarrolló, por el contrario, un argumento cuasi mesiánico, según el cual la nueva administración luchaba contra una crisis en materia de libertad expresión que sólo podría aparejarse a las (verdaderas crisis) que aquejan a algunos de nuestros países hermanos de Centroamérica. Intentó desviar el eje de la discusión refiriéndose a un proceso de estudio y elaboración de propuestas “superadoras” que verían la luz en el próximo año –dando el carácter de provisorias a las medidas ejecutadas en la actualidad-, proceso al que las organizaciones presentes “habrán” de ser convocadas a participar.

Parece que el Estado argentino no encontró  argumentos de derecho internacional que le permitieran justificar sus atropellos, ni tampoco de derecho interno. Y aún más notorio fue su silencio ante la preocupación expresada tanto por el Comisionado Francisco Eguiguren Praeli como por el Relator Especial para la Libertad de Expresión respecto de los riesgos y las políticas concretas que se adoptan –o adoptarán- para luchar contra la concentración  en la propiedad de los medios de comunicación.