La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pedirá explicaciones al gobierno de Macri

Será en una audiencia solicitada por la Coalición por una Comunicación Democrática. Se argumenta que los decretos que dejaron fuera de juego a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual violan las recomendaciones de la OEA y la ONU sobre libertad de expresión

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El viernes 8 de abril, a las 10 de la mañana, tendrá lugar en sede de la OEA, Washington, Estados Unidos, una audiencia en la que el gobierno nacional deberá dar explicaciones sobre su política de comunicación. Constituida a instancias del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y la Red de Carreras de Periodismo y Comunicación Social de la Argentina (Redcom), entre otras organizaciones nucleadas en la Coalición por una Comunicación Democrática, la audiencia tiene previsto inquirir al representante del Estado, Miguel de Godoy, sobre los decretos que regulan el mercado audiovisual y las telecomunicaciones.

Es que una de las primeras medidas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri en el mes de diciembre consistió en dejar, en los hechos, sin efecto la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). El proceso de desmantelamiento se dio en etapas. El primer paso fue el decreto 13/15, el cual creó el Ministerio de Comunicaciones y subordinó a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) a la órbita del Poder Ejecutivo. El siguiente fue dado a través del decreto 236/15 que estableció la remoción de los diferentes directores de la AFSCA, los cuales habían sido puestos en funciones con mandato desacoplado del gobierno de turno con la finalidad de resguardar su independencia. Estos eran propuestos por el Poder Ejecutivo, por las minorías legislativas, las universidades públicas y las provincias.

La estocada final fue propugnada con el decreto 267/15, el cual disolvió a la AFSCA y a AFTIC, autoridad de aplicación de la ley Argentina Digital, relativa a las tecnologías de la información. Ambos organismos autárquicos fueron fusionados en uno nuevo, el Ente Nacional de la Comunicación (ENACOM), bajo la órbita directa del gobierno de Macri. El tinte autoritario de las medidas de intervención, que incluyeron desalojos con la Policía Federal, se evidencia también en la reducción de miembros del directorio (de siete a cinco), los cuales ahora podrán ser removidos por decisión presidencial “sin expresión de causa”, según el decreto.

Las nuevas directrices del gobierno, sostenidas en pos del argumento de la convergencia tecnológica, no muestran más que una serie de medidas que tienden a beneficiar a los grupos concentrados. Por ejemplo, se habilitó la transferencia directa de licencias (expresamente prohibida por la LSCA), se extendió por diez años la vigencia de las actuales y se archivaron todos los planes de desinversión que tibiamente había cumplimentado y exigido la AFSCA hasta su desaparición. Además, se levantaron todas las barreras a la concentración, como la elevación de 10 a 15 licencias de radio y televisión para un mismo grupo en todo el país y se terminó con el impedimento de que una misma empresa concentre más del 35% del mercado en su rubro.

En la audiencia, el Gobierno deberá explicar ante funcionarios de la CIDH y de las organizaciones convocantes, cuáles fueron los justificativos para avasallar deliberadamente derechos y garantías consagrados por tratados internacionales que tienen rango constitucional

También deberá exponer acerca del más grande de los absurdos: la violación de su propio decreto. Es que a principios de marzo, el Gobierno autorizó la toma de control de Telecom Argentina por parte del empresario mexicano David Martínez, dueño del grupo Fintech, que a su vez es accionista del 40% de Cablevisión. El decreto 267/15 impedía taxativamente que las empresas de telefonía básica presten servicios de televisión por cable hasta 2018.

La sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual implicó un rico proceso de movilización y discusión entre sindicatos, organizaciones sociales, medios comunitarios y universidades. Comprender a la comunicación como derecho humano fundamental, así establecido por la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, en 1948, fue el norte de esa movilización. Ante el desprecio del gobierno actual por los derechos y mecanismos democráticos, esas mismas organizaciones están nuevamente trabajando. La construcción, que transcurre por canales silenciosos y ante el oprobioso ocultamiento de los medios oficialistas y los no tanto, ha logrado un primer hito: obligar al gobierno de Cambiemos, a cuatro meses de su asunción, a rendir cuentas sobre algunos de sus atropellos a la vida democrática.