El carpetazo

El juego de seducciones entre el diputado Guillermo Pereyra y el gobierno provincial promete terminar con final feliz. Gracias al legislador massista, Alfredo Cornejo ya descuenta un seguro aval de diputados a su decreto salarial docente. Pero no todo fueron rosas. Entre las idas y vueltas de uno y otro lado, el ejecutivo no se privó de escarbar en los pésimos antecedentes del sindicalista-empresario devenido en político.

Pereyra CEC

El diputado del Frente Renovador Guillermo Pereyra ya tomó una decisión. Hoy dará quorum en la Cámara de Diputados de la provincia. Con su presencia habilitará el debate que –casi seguro- concluirá con la sanción definitiva de la ley ratificatoria del decreto del gobernador que fijó  los sueldos docentes y el controvertido ítem aula.

Mucho se hizo desear Pereyra en la última semana. Convencido de su importancia coyuntural, aguardó los ruegos del cornejismo y las prendas políticas de cambio necesarias para terminar de persuadirse del apoyo que debía brindar al gobierno radical. Hasta aprovechó su minuto de fama de este año y sobreactuó el lunes pasado un desplante en la cámara baja que demoró la sesión que todos daban por descontada.

Desde el lunes hasta hoy han corrido todo tipo de rumores. Los malintencionados de siempre sugirieron que Pereyra recibiría favores non sanctos -aunque legales- para ayudar al gobierno. Otros, con menos suspicacias y más análisis político, descontaron que el diputado sería funcional al acuerdo que su jefe renovador, Sergio Massa, mantiene con la Alianza Cambiemos a nivel nacional. Sin embargo, todos desconocen que en el círculo más próximo de Alfredo Cornejo se reservan una espada de Damocles que harán sentir sobre el cuello de Pereyra en caso de ser necesario.

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Lunes: Guillermo Pereyra disfruta su minuto de fama. Foto: Archivo ZEPA

En los últimos días le hicieron saber al legislador, quien además de diputado es secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC), que el gobierno cuenta con información fehaciente que perjudicaría no sólo su prestigio como dirigente sino también su inestable futuro político.

Evidentemente, por más blindaje del cuarto piso de la casa de gobierno, las crecientes diferencias intestinas del radicalismo hacen que hasta la información más sensible termine por filtrarse. Ya pasó en el caso del Suegrazo Jaime Correas. Vuelve a suceder ahora.

Una empresa educativa floja de papeles

Según información a la que tuvo acceso ZEPA, el ejecutivo tiene en sus manos información más que suficiente que prueba que el diputado Guillermo Pereyra es responsable de evadir la legislación laboral en perjuicio de docentes privados.

Bajo el ala del CEC funciona el «Instituto Superior A Priori (P.T.229)», en el que se dictan actualmente dos tecnicaturas superiores: en higiene y seguridad laboral y en gestión laboral.

Aulas CEC

Este Instituto privado cuenta con dos sedes, una en la Ciudad de Mendoza y la otra en el Departamento de San Martín. En sus aulas dictan clases más de 40 docentes que se distribuyen en las cátedras de los tres años de cada carrera.

Las contrataciones que unen a todos los trabajadores con el Instituto son irregulares, cada uno de ellos está vinculado laboralmente al centro de formación del CEC, que conduce Pereyra, bajo figuras que violan las normas básicas de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20744.

Sólo unos pocos reciben un bono de sueldo en el que figuran los aportes a la obra social y a la organización sindical. Lo incomprensible es que esos trabajadores de la educación privada han sido encuadrados por el Instituto en el convenio colectivo de comercio y, en consecuencia, las retenciones de haberes van a parar a la caja del sindicato y la obra social mercantil a cargo del mismo Pereyra. O sea, formalmente aparecen en los registros de AFIP y ANSES como empleados de comercio, pero en los hechos son docentes.

El resto de los trabajadores (la gran mayoría) fueron obligados a firmar contratos basura para enmascarar la relación laboral. El burdo truco es el siguiente: los docentes deben inscribirse en los organismos fiscales como autónomos (monotributistas), el Instituto y el docente firman un contrato civil que se renueva cada tanto, los trabajadores presentan mensualmente una factura por un monto que simula ser un honorario y la institución educativa paga ese valor.

El patrón Pereyra y sus asesores jurídicos, como viejos conocedores del derecho laboral, saben muy bien que esta forma tosca de disfrazar una relación de trabajo, no es más que un elemental fraude hacia el docente (a quien no se lo reconoce como empleado en relación de dependencia), la obra social y el sindicato (que no reciben los aportes de ley) y el estado (que se lo priva de cobrar los aportes patronales).

El ajuste también le llegó al CEC

En el último tiempo el Instituto A Priori viene haciendo agua por todos lados. Ya cerraron la tecnicatura superior en gestión ambiental y este año, a pesar de que ya se habían hecho las preinscripciones a primer año de las otras tecnicaturas, Pereyra dio la orden que se cerraran las aulas de primer año, dando inicio a un plan progresivo de vaciamiento del Instituto, a medida que vayan egresando los alumnos.

La variable de ese ajuste son los trabajadores. El Instituto ya les comunicó a todos los docentes del año inicial que están desvinculados y ofreció, en concepto de “premio”, un 30% de lo que correspondería como indemnización por despido arbitrario, sin contar diferencias salariales, vacaciones y aguinaldos adeudados.

Varios de los docentes llevan años dando clases, algunos más de 12, y de buenas a primeras se quedaron sin trabajo, sin aportes jubilatorios por los años trabajados, sin obra social y sin resarcimiento laboral. Es por eso que algunos, pese a las fuertes presiones, ya se animaron a iniciar acciones legales contra el centro de formación del CEC. Documentos a los que accedió ZEPA dan cuenta de reclamos formales y confirman que la AFIP ya ha sido notificada, a fines del año pasado, sobre trabajadores precarizados por el Instituto del CEC, lo que legalmente podría acarrearle severas multas. Se espera que el gobierno nacional no brinde ningún tipo de amparo o impunidad al diputado massista.

El gobierno de Mendoza logró disciplinar a Pereyra. Y la oposición tiene escaso margen para pedirle coherencia a un sindicalista que como patronal estafa a docentes privados y que en pocas horas se sentará en su banca de diputado para facilitar la sanción de una ley que lesiona derechos de todos los trabajadores de la educación.