Necesidades y urgencias que Cornejo no quiere ver

Continuamos analizando propuestas y contrasentidos de las políticas de seguridad del Gobierno Provincial en un marco nacional de creciente criminalización y judicialización de la protesta social, dentro del cual Mendoza -con cinco personas imputadas- es pionera. Lucas Lecour, abogado y presidente de Xumek, abordó aspectos vinculados como la Ley de Emergencia y el Protocolo contra el reclamo callejero, medidas cuestionadas por vulnerar derechos y denunciadas públicamente por la organización. 

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Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

De manera distendida y con libertad absoluta para hablar de seguridad en clave de política y con fundamentos legales, Lucas Lecour, presidente de Xumek, Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, tomó como punta de ovillo la Ley Provincial de Emergencia en Seguridad, proyecto que fue sancionado con modificaciones y el apoyo mayoritario de la oposición: “No hay política clara de seguridad ni de prevención del delito en la Ley ni el ministro -Gianni Venier- la explicita. No sabemos cuál es su plan de gobierno. Lo único que se dice es que hay una situación de emergencia pero sin números ni datos, o si ha aumentado determinado delito u otro».

«Lo que necesitan es sabotear los pasos y controles administrativos para la licitación de compras de bienes para el Ministerio de Seguridad y para redistribuir fondos para otras áreas que no estaban estipuladas en la Ley de Presupuesto».

“En cambio, -sigue Lecour- para el tema de la nueva cárcel sí muestran algunos números pero sobre la base de los presentados por Xumek en habeas corpus o del informe que presentó el Comité para la Prevención de la Tortura, es decir que ni siquiera se trata de números oficiales sino de los que nosotros hemos ido mostrando. Utilizan esos datos para afirmar que hace falta construir otra cárcel. Por suerte esto no fue considerado dentro de la “Emergencia”. Sería un abuso gastar 1.200 millones de pesos y debería hacerse bien, con licitación pública como corresponde por una cuestión de transparencia”.

En ese sentido consideró clara la oposición del peronismo: “Después de tantos planteos y rechazos que tuvieron durante la gestión pasada por el mismo tema, no pueden ahora venir con la misma estrategia”, fue la expresión mayoritaria del bloque justicialista, citada por el abogado de Xumek para señalar la actitud hipócrita de la actual gestión.  “En cuanto a las compras, -continuó- ha sido sólo sortear procedimientos administrativos. Ni el ministro, ni Roberto Munives -nuevo jefe policial- dicen nada, salvo que necesitamos 800 móviles inteligentes. ¿Pero no nos dicen por qué? ¿Porque el gobierno anterior no compró? ¿Porque están rotos? ¿Dónde está la necesidad? Así como plantean 800 podrían ser 1200 o 400. Esto es lo criticable de la Ley: la falta de claridad y explicaciones para la población, que es la que, al fin y al cabo, termina haciendo el esfuerzo para que se paguen estas cosas. Porque con sólo mencionar ‘emergencia en seguridad’ se justifica todo”.

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Foto: Xumek

“Es similar a lo que pasó con la emergencia decretada a nivel nacional y a la cual la provincia adhirió sin cuestionar: no tiene motivos, no está fundamentada y tiene excesos anticonstitucionales. Por ejemplo, el derribo de aviones. En esto sentimos que se vende humo. Se intenta mostrar que se está haciendo algo en materia de seguridad. Es algo que han hecho todos los gobiernos provinciales ante hechos de inseguridad resonantes: declaran la emergencia y compran un par de móviles, pero lo cierto es que detrás de esto no hay una política definida. La diferencia de este gobierno es que no esperó: lo hacen antes y cuando suceda un caso violento de inseguridad ampliarán la Ley y comprarán más móviles. Lo interesante hubiese sido que explicaran cuál es el plan, pero no parece que lo haya”.

«Lo cierto es que los mejores negocios se están haciendo a través del Ministerio de Seguridad: La seguridad hoy es un negocio excelente. Ser proveedor del Ministerio es lo mejor que te puede pasar, porque es el que tiene mayor presupuesto, siempre están al día y tiene plata siempre disponible».

“Parece que con la inseguridad nadie se anima a profundizar y, como es un tema delicado, todos los legisladores levantan la mano. Nadie piensa realmente. Es como si especularan para no ser culpados por no levantar la mano. Hay un temor resultante de que todo lo que viene por ‘seguridad’ está bien. No veo políticas de seguridad, no las hubo antes y no la hay ahora, siguen siendo parches de parches, repeticiones de iniciativas anteriores que ya fracasaron. Y se termina por darle licitaciones al empresario de mayor compromiso, sea porque respaldó la campaña o porque lo dispuso el ministro, mientras deja de hablarse de los problemas reales de inseguridad: dónde están, cuál es su gravedad, etc”.

El Otro es el Derecho 

Foto: Cristian Martínez

Foto: Cristian Martínez

Xumek fue una de las pocas organizaciones que presentó un informe contrario a la criminalización de la protesta y la aplicación del protocolo. Lecour explicó las graves vulneraciones que esto implica; la -en definitiva- señera posición tomada por el gobierno provincial con cinco imputaciones y sus vinculaciones con acuerdos con funcionarios judiciales para cubrirse mutuamente las espaldas, como con el procurador de la Corte local y jefe de fiscales, Rodolfo González:

“El gobierno provincial dijo que no había adherido al protocolo cuando presentamos un habeas corpus preventivo para que no se detuviera manifestantes en el carrusel vendimial. Del Ministerio contestaron que el Protocolo no estaba vigente para ellos y que si se producían detenciones eran por infracción al Código Penal por impedir la libre circulación, a pesar de lo que fogonean los medios. Sin embargo, sí se está llevando adelante una criminalización de la protesta y encima selectiva, porque desde que asumió Cornejo ha habido numerosas movilizaciones y solamente se ha imputado a personas que participan en las que al gobierno le molestan, primero en los reclamos de libertad por Milagro Sala y luego en el paro nacional del 24 de febrero”.

“Nos llama la atención la selectividad y el modo en que se imputa, en el caso de las tres personas imputadas durante el paro general -Xumek representa a uno de ellos, Federico Lorite, delegado de SITEA- la información llegó a Fiscalía a través de policías que trabajan encubiertos en las movilizaciones, buscando datos de quienes serían los principales referentes y a quienes pueden identificar por cortar la calle. Esto es demasiado preocupante, policías controlando y pasando información son parte de una metodología que creíamos superada. Que estas cosas se vuelvan a ver, que se esté amedrentando y atemorizando a personas que precisan reclamar cuestiones al Estado bajo la amenaza de que van a quedar imputadas es gravísimo”.

“Esto es inconstitucional porque hay dos derechos en pugna y hay que ver cuál es más importante, si el libre tránsito o el derecho a huelga y la libertad de peticionar. En una república democrática el derecho a manifestarse es fundamental y la libre circulación, si hay posibilidades de transitar por vías alternativas, puede restringirse para permitir el otro derecho. A eso hay que darle preeminencia, la policía está para contener que esas manifestaciones no se desborden y asegurar la integridad física de quienes están protestando, no meterse como informantes”.

«Esto es demasiado preocupante, policías controlando y pasando información son parte de una metodología que creíamos superada. Que estas cosas se vuelvan a ver, que se esté amedrentando y atemorizando a personas que precisan reclamar cuestiones al Estado bajo la amenaza de que van a quedar imputadas es gravísimo”.

“Creo que se están preparando para un escenario de mayor conflictividad, por eso se proponen ir desincentivando la movilización, para gobernar lo más tranquilos posibles. Es evidente que la limpieza que han hecho del empleo público, sin ser acompañada de esta batería de medidas y amenazas, puede generarle problemas a Casa de Gobierno. Es una sola estrategia: limpiar a tanta gente y cómo hacer para que no se les vayan encima, o sea, no sólo te echo sino que también te imputo de un delito. Y si te puedo meter preso te meto preso también. Así generan gobernabilidad, dicen, pero hay otras formas de hacerlo, como protegiendo a los trabajadores o recomponiendo salarios, sin provocar descontentos e injusticias. Si se sigue con esta inconstitucionalidad se va a terminar por provocar responsabilidades internacionales al Estado argentino por vulnerar los derechos de paro y libertad de expresión y asociación, por más que los tribunales nacionales no tengan la independencia necesaria para denunciarlo. Mendoza es la primera provincia que ha saltado con imputaciones claras, porque el resto están ahí, que sí que no, pero acá, digan lo que digan, van cinco imputados”.

“Frente a tanta inflexibilidad la salida política parece inviable porque el gobierno se cree con las fuerzas suficientes para soportar manifestaciones y encima imputar. Así se trasluce también el acuerdo existente entre el procurador Rodolfo González y el gobernador, porque en las gestiones anteriores ningún fiscal imputó a nadie por este presunto delito y ahora que el radicalismo le salvó el pellejo en la Legislatura por las denuncias de 2015 en su contra, digita las imputaciones y mete recursos extraordinarios frente al habeas corpus de Xumek. Hay un acuerdo para cubrirse mutuamente las espaldas. Pero González se equivoca por la selectividad de las acusaciones, que le va a ocasionar problemas a él y no al gobernador. Entonces verá cómo buscar mayor protección. Es una lástima, porque venía totalmente desgastado y era el momento para que diera un paso al costado para permitir una reforma del Ministerio Público como corresponde, porque los graves problemas que tenemos respecto a la administración de justicia tienen que ver con que la cabeza no está funcionando. Y obviamente hacia abajo, lo que funciona, funciona a medias o funciona mal”.


Lucas Lecour enmarca la vía libre de Cornejo a la impunidad con la gravedad de la historia de la violencia institucional en Mendoza y la vuelta de entrega del poder a la Policía:

 

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