¿Qué hay detrás de la emergencia en seguridad?

Zepa entrevistó al senador Luis Böhm del Frente para la Victoria acerca del aval que el bloque dio a la Ley de Emergencia en Seguridad a instancias del Poder Ejecutivo Provincial, donde por vía ministerial se adhiere a la emergencia decretada por el gobierno nacional, cuyo protocolo criminaliza y judicializa la protesta social. Secuencias del tira y afloje entre el radicalismo y la oposición y advertencias sobre la proliferación de proyectos que en materia de seguridad entran a la Legislatura por la ventana.

corbanis

A excepción del FIT, el resto de las bancadas dio hace dos semanas aval a la iniciativa oficial para una nueva Ley de Emergencia en Seguridad. El senador Luis Böhm del Partido Justicialista analizó como fue el acompañamiento con observaciones del bloque y aclaró que el “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas” -mal conocido como “protocolo antipiquetes”, porque los hechos de represión, criminalización y judicialización van más allá del cortes de calles y rutas- no está incluido en la Ley Provincial, no hay decreto ley ni soporte en letra escrita que legislativamente avale su aplicación”. En cambio, “sí está claramente en la voluntad del Gobierno Provincial”, que en simultáneo a la declaración de la emergencia por decreto de necesidad y urgencia en el territorio nacional -que, por ejemplo, contempla la famosa “Ley de Derribo”- y en una “actitud sumisa” a través de sus ministros, fue suscripta desde el artículo primero.

¿En qué consiste entonces la emergencia en el plano local? Básicamente en cuestiones financieras en más de un 90 por ciento de su articulado y en un par de aspectos operativos. El senador explicó que los legisladores del oficialismo hicieron una sucinta presentación para que el proyecto sea aprobado primero en Diputados, donde pedían un financiamiento para la tan mentada nueva cárcel de Cacheuta y refacciones en general en establecimientos para las personas privadas de la libertad por 1.200 millones de pesos, soslayando la normativa para adjudicaciones de licitación pública mediante la autorización y trámite rápido de las partidas a través del Ministerio de Seguridad, y otros 400 millones más para equipamiento de las fuerzas de seguridad, principalmente vehículos, chalecos antibalas, armamento y municiones. Estas necesidades, consideradas “imperiosas”, fueron aceptadas por la oposición, no así la modernización del software y el sistema Tetra, tenidos por aspectos secundarios y “un negocio berreta”.

Ahí fue entonces que “les saltó la liebre” a los radicales y sus aliados: Para obtener ese financiamiento necesitaban de la aprobación de dos tercios de la Cámara, algo imposible con el rechazo parcial y la contrapropuesta que ofreció el peronismo. Entonces se optó por el no a la construcción de la nueva cárcel, “porque es una iniciativa privada cuestionada desde sus comienzos, en la que está involucrado el empresario de medios Omar Álvarez”, y sí a la autorización de 540 millones de pesos para el equipamiento de la Policía. Böhm destacó que la posición del bloque fue que “si quieren hacer otra cárcel que presenten otro proyecto autónomo” encuadrado debidamente “en el régimen de licitación pública, no mediante expedientes de compra directa”. Y añadió que en pocos meses al gobernador Alfredo Cornejo -“que durante dos años nos negó el presupuesto”- se le han facilitado ya 21 mil millones de pesos, es decir un tercio del presupuesto anual provincial.

Luis Bohm

Luis Böhm, senador del PJ

De esta manera fue cómo la Ley de Emergencia llegó al Senado, donde obtuvo sanción definitiva, sin la cárcel proyectada y con un endeudamiento sensiblemente menor al estipulado por el oficialismo. En cuanto a considerandos operativos de la Ley, Böhm explicó que hay un solo artículo que norma al respecto y que él fue el único de la bancada que se negó a discutirlo y por tanto no bajó a sesionar. Puntualmente consiste en la posibilidad de reincorporar agentes ya retirados, lo cual evidencia por un lado “las dificultades que tiene la Policía para conseguir nuevos aspirantes” y, por otro, las internas entre funcionarios policiales y los equipos de gobierno. Ante la advertencia de los senadores justicialistas del riesgo que implica normar sobre situaciones que alteran la cadenas de mando, la respuesta fue que se “trataba de una promesa hecha a Roberto Munivez -el nuevo jefe policial- para dar una señal hacia adentro”, incorporando personal que ya fue pasado a retiro.

Más desconocido es que “sin embargo han metido otros proyectos en materia de seguridad que tienen sus complejidades y frente a los cuales hay que estar atentos”. Uno de ellos contemplaba una modificación a la Ley Policial y terminó en un “proyecto parche que crea la figura de la defensoría de policías. Otro estipula las designaciones por vías internas, frente al cual “hay lecturas disímiles” de la propia Policía: contemplar los ascensos por méritos antes que por la antigüedad, dentro de una estructura tan verticalista, podría redundar en una conducción más integral de la fuerza, pero a su vez, “dada la preocupación por los jóvenes agentes que ya provienen de organizaciones delictivas”, se propone un período de tres meses antes de efectivizarlos. “Esto es de difícil aplicación, provoca malestar y significa un cheque en blanco para Munivez, que así podría nombrar a sus colegas retirados de manera interina y concentrar poder mientras ellos duermen el interinato”, explicó el senador.

En esa dirección señaló que desde el radicalismo “vienen con el bla bla de la emergencia y amenazan con presentar muchos proyectos más, hablan de políticas de Estado, de la articulación y la participación con ejemplo de la reforma policial de 1991, pero acá está aún sin integrarse la Bicameral y se saltean el trabajo en comisiones”. Por último insistió que la criminalización de la protesta social, que en la provincia se ha manifestado con la judicialización ya de cinco personas, no está amparada por normas legales de aplicación local -“de hecho, no hay protocolo”- y que desde su bancada han hecho “pedidos de informes sobre la situación de los campesinos agredidos en Jocolí, la de los trabajadores despedidos del Casino y los graves ataques del domingo pasado en el Hipódromo”. Y subrayó que dado el decurso creciente de los acontecimientos, evalúan citar a la Legislatura al ministro de Seguridad a fin de que dé explicaciones: “Por más que no contemos con el número necesario haremos presión”.

Comentarios

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *