Contra la protesta: se aprobó un protocolo que llama a la represión

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Web. Imagen ícono de la represión a trabajadores del Hospital Borda durante la intendencia de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. 2014.

Se trata del “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del estado en manifestaciones públicas” que sancionó ayer el Consejo de Seguridad Interior (CSI) en su primera reunión plenaria. El mismo supedita los derechos a la protesta, la vida y la integridad física frente al de “circular libremente por la vía pública”. Elimina la exigencia de intervención judicial ante la identificación y aislamiento de “grupos o individuos violentos”. Convierte en agravante manifestarse con un pañuelo en el rostro; lanzar ramas, petardos o bombas de estruendos; asir un palo y quemar gomas. En estos todos estos casos las fuerzas de seguridad podrán actuar de oficio. También rige sobre las coberturas mediáticas de las manifestaciones.

“Contra la extorsión” y “por el cambio de la cultura del corte” se pronunció ayer el 80 por ciento de las provincias y los integrantes del CSI en la reunión que lideró la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en un hotel de Bariloche. La medida había sido anunciada apenas asumido el nuevo Gobierno y ya es un hecho: las fuerzas de seguridad tienen la puerta abierta para obstruir el derecho a la protesta, a costa de lo que sea, y en contra de principios constitucionales.

Entre los presentes se dieron cita el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, y el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco. Gianni Venier, titular de la cartera en Mendoza, fue uno de los partícipes que dio manifiesto apoyo al instructivo. El rechazo explícito provino de provincias de La Rioja y Chaco, aunque sus representantes aceptaron volver a analizarlo. Se estima que las repercusiones al interior de organismos de derechos humanos no tardarán en llegar, debido a las altas condiciones represivas que generará su aplicación.

¿Qué establece el protocolo para controlar la protesta?


  • El protocolo establece que los medios de comunicación, deberán organizarse de modo tal que los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento. El material y herramientas de trabajo de los mismos no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas.
  • Las fuerzas de seguridad comunicarán sobre la protesta en curso de forma inmediata al Ministerio de Seguridad de la Nación, o las autoridades competentes de los gobiernos provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a su jurisdicción. Se establecerá un espacio de negociación para que cese el corte y se dará aviso a la justicia.
  • Resuelto positiva o negativamente la negociación, el jefe del operativo de Seguridad impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, que los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito, deberán retirarse y ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre la libre circulación. Se advertirá que ante el incumplimiento de dicha instrucción, se encontrarán incursos en el artículo 194 del Código Penal, y en su caso, en las contravenciones previstas en cada jurisdicción.
  • Si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida, se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, según lo dispuesto en los Códigos de procedimiento Penal de cada jurisdicción, poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación.
  • Las instrucciones de la autoridad policial se harán por medio de frases cortas y claras. El personal de las FFSS no deberá reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes.
  • Una vez liberadas las vías de circulación, el Ministerio de Seguridad de la Nación, o las autoridades competentes de los gobiernos provinciales y de la ciudad de Buenos Aires instruirán a los funcionarios civiles afectados al operativo, a aquellos pertenecientes a los Ministerios de las demandas involucradas, y al personal civil que considere pertinente de los organismos y/o entidades involucradas, a establecer una instancia de negociación con el líder o representante del grupo de manifestantes, a los fines de canalizar sus reclamos a las áreas que correspondan. De todo lo actuado se labrará un acta que deberá ser firmada por todos los miembros que hayan participado del acuerdo.
  • Si entre los manifestantes se encontraren personas y/o grupos de personas que inciten a la violencia y/o porten elementos contundentes y/o armas de cualquier tipo, o utilicen fuego, combustibles, elementos explosivos o inflamables, agentes químicos, pirotecnia, o cualquier otro artículo que pudiere dañar la integridad de las personas, de los miembros de las FFSS, los bienes que se encontraren en el lugar de la protesta, y el medioambiente, las FFSS procederán a aislar e identificar a dichas personas, tomar las medidas necesarias para prevenir la posible comisión de delitos y proceder al secuestro de los elementos contundentes.
  • Si se provocaren daños con motivo u ocasión de la manifestación se procederá adetener a los autores del hecho en virtud de la infracción al artículo 183 del Código Penal, o el que en definitiva resulte de la investigación a llevarse a cabo, dándose inmediata intervención al Juez o Fiscal competente. Sin perjuicio de ello se promoverá la acción civil contra el causante del daño, la entidad con personería jurídica o gremial a la que pertenezca, contra sus representantes legales o administradores de hecho y/o contra quien corresponda, con el objetivo de que se repongan los bienes dañados.
  • Ante la comisión de delitos de acción pública, se procederá conforme a las normas vigentes y las directivas que el Juez o Fiscal actuante impartieren. Si durante la manifestación hubiere detenidos, se les informará el motivo de su detención, se dará lectura de sus derechos y se procederá a su inmediato traslado, quienes deberán ser puestos a disposición de la justicia, asegurando los medios probatorios.
  • El uso de la fuerza debe limitarse siempre al mínimo posible, como respuesta para superar ordenadamente la resistencia de quienes cometan delitos de acción pública y ante situaciones de legítima defensa. Las FFSS federales y provinciales dictaran protocolos específicos operativos sobre el personal y el uso mínimo y racional de la fuerza y el uso de armas no letales. El uso de la fuerza debe respetar los principios de: Legalidad, oportunidad, último recurso frente a una resistencia o amenaza, gradualidad.
  • La FFSS encargada dispondrá el apoyo de personal, y de los elementos de seguridad cercanos para que realicen las tareas específicas de tránsito, asistencia sanitaria, bomberos, defensa civil, etc.

Para descargar el instructivo oficial completo sobre cómo reprimir la protesta social hacé clic aquí.

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